Proveedores del Estado han expresado su preocupación por la Ley de Integridad Pública, propuesta por el presidente Daniel Noboa y declarada de carácter económico urgente, al considerar que algunas de sus disposiciones podrían perjudicar a emprendedores y pequeñas empresas que participan en procesos de contratación pública.
Entre los puntos críticos señalados está la inclusión de dos disposiciones que permitirían cobrar una tasa para inscribirse en el Registro Único de Proveedores (RUP), lo que podría representar un obstáculo para los proveedores más pequeños y afectar su participación en licitaciones estatales.
La Ley de Integridad Pública, que avanza hacia su primer debate en la Asamblea Nacional, busca fortalecer la gestión pública mediante reformas en compras públicas, controles automatizados, trazabilidad y transparencia en los procesos, así como sanciones para actos de corrupción. También incorpora modificaciones a otras normativas como el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y la Ley de la Contraloría.
Sin embargo, representantes de micro y pequeñas empresas solicitan que se revisen ciertos requisitos y costos para evitar que la normativa limite su acceso a contratos estatales, ya que el sector es clave para la economía popular y solidaria.
La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate, y el proyecto continuará su trámite en el Pleno de la Asamblea Nacional, donde se espera que se consideren las observaciones de los proveedores para lograr un marco legal más inclusivo y equilibrado.
Fuente: Ecuavisa
