La primera demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional fue presentada y admitida por la Corte Constitucional de Ecuador, apenas una semana después de que la normativa entrara en vigencia el 10 de junio de 2025. Esta ley, impulsada por el presidente Daniel Noboa y aprobada por la Asamblea Nacional, establece un régimen jurídico especial para enfrentar el conflicto armado interno en el país, con medidas financieras, tributarias y de seguridad para proteger a la población civil, fortalecer a las fuerzas del orden y combatir las economías criminales.
La demanda cuestiona principalmente la facultad otorgada al Ejecutivo para declarar la existencia de un conflicto armado interno mediante decreto ejecutivo, lo que según críticos podría contradecir principios constitucionales y la jurisprudencia de la Corte, que ha señalado que la existencia de un conflicto armado es una cuestión de hecho y no depende del reconocimiento político o jurídico de ninguna autoridad.
La Ley de Solidaridad Nacional incluye disposiciones para la protección de derechos colectivos, atención prioritaria a víctimas, incentivos económicos para sectores vulnerables y medidas para evitar la criminalización de la protesta social y la defensa de territorios indígenas. Sin embargo, la demanda advierte que algunas de estas medidas podrían afectar garantías constitucionales y derechos fundamentales.
El presidente Noboa defendió la norma como una herramienta necesaria para fortalecer la seguridad y la economía en zonas afectadas por la violencia, mientras que sectores sociales y políticos llaman a un debate más profundo sobre sus alcances y límites.
La Corte Constitucional deberá analizar la demanda y emitir un pronunciamiento que podría modificar o suspender la aplicación de la ley, en un contexto de alta expectativa política y social.
Fuente: Diario El Universo
