El presidente argentino Javier Milei promulgó el Decreto 383/2025, que otorga a la Policía Federal Argentina la facultad de realizar requisas y detenciones sin orden judicial en situaciones específicas. Esta reforma busca agilizar la respuesta policial ante delitos federales y complejos, permitiendo actuar en casos donde exista riesgo inminente de comisión de un delito o destrucción de pruebas. El decreto establece que estas actuaciones deben estar justificadas por circunstancias objetivas y que la detención sin orden judicial tendrá un límite máximo de 10 horas.
La medida ha generado un intenso debate en la sociedad argentina. Organismos de derechos humanos y sectores de la oposición advierten que esta reforma puede abrir la puerta a abusos, violaciones a la privacidad y represión de la protesta social. Por su parte, el gobierno defiende la iniciativa como una herramienta necesaria para modernizar la fuerza policial y mejorar la seguridad ciudadana, en un contexto de aumento de la criminalidad.
Además de estas facultades, la reforma redefine la misión de la Policía Federal para enfocarse en la prevención, investigación y desarticulación de organizaciones criminales. Se prevé la creación de mecanismos de supervisión para evitar excesos, aunque la oposición insiste en la necesidad de garantías constitucionales más estrictas. El debate continuará en el Congreso y en la opinión pública.
Fuente: Deutsche Welle (DW)
