Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta y actual vicepresidenta de Argentina, comenzó a cumplir una condena de seis años de prisión por corrupción bajo la modalidad de arresto domiciliario en su residencia de Buenos Aires. La Corte Suprema ratificó la sentencia en la denominada “causa Vialidad”, donde se la acusó de adjudicación irregular de contratos públicos durante su mandato. La medida incluye la instalación de una tobillera electrónica y restricciones estrictas en sus movimientos, permitiéndole salir únicamente en casos excepcionales autorizados por la justicia.
La detención ha generado una profunda polarización en la sociedad argentina. Por un lado, sectores opositores y organizaciones de derechos humanos expresan preocupación por la independencia judicial y denuncian una posible persecución política. Por otro lado, seguidores de Fernández han convocado manifestaciones masivas en Plaza de Mayo, defendiendo su inocencia y denunciando lo que consideran un juicio político orquestado para proscribirla de la vida pública.
El proceso judicial que culminó con esta condena estuvo marcado por años de apelaciones y debates en tribunales nacionales e internacionales. La expresidenta mantiene un equipo legal activo que busca revertir la sentencia, mientras que el gobierno enfrenta presiones para garantizar el respeto a los derechos humanos y la estabilidad política. La situación continúa siendo un foco de atención nacional e internacional.
Fuente: Deutsche Welle (DW)
