En Ecuador, la aprobación de una ley que regula el “efecto inhibitorio” de agentes encubiertos y el acceso a comunicaciones privadas ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y sectores sociales. La norma permite que las pruebas obtenidas por agentes encubiertos puedan ser anuladas si se considera que afectaron derechos fundamentales, pero también amplía el acceso a comunicaciones privadas bajo ciertas condiciones. Esto ha abierto un debate sobre el equilibrio entre seguridad y privacidad.
Los críticos advierten que la ley podría ser utilizada para justificar prácticas de vigilancia excesiva y violaciones a la intimidad, afectando a periodistas, activistas y ciudadanos en general. Por otro lado, el gobierno sostiene que la normativa es necesaria para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, y que incluye mecanismos de control judicial. La controversia refleja tensiones entre seguridad pública y protección de derechos.
El debate público ha llevado a convocatorias para revisar y modificar la ley, buscando mayor transparencia y garantías legales. Organismos internacionales han llamado a Ecuador a respetar estándares internacionales en materia de derechos digitales y privacidad. La ley entra en vigencia en un contexto de creciente preocupación por la vigilancia estatal en América Latina.
La situación en Ecuador ejemplifica los desafíos que enfrentan los países para equilibrar la seguridad con las libertades civiles en la era digital.
Fuente: CNN en Español
