El gobierno de El Salvador negó el acceso a un fiscal venezolano para que defendiera a un grupo de ciudadanos venezolanos deportados desde Estados Unidos y repatriados a su país. La Fiscalía General de El Salvador argumentó que no existe un acuerdo bilateral que permita la intervención de funcionarios extranjeros en procesos legales internos relacionados con personas deportadas. Esta decisión ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y defensores de migrantes, quienes advierten sobre posibles violaciones a garantías procesales.
La negativa se produce en un contexto de tensiones diplomáticas entre El Salvador y Venezuela, y refleja la complejidad de la cooperación internacional en materia migratoria y judicial. La defensa legal de los deportados es un tema sensible, dado que muchos enfrentan acusaciones y riesgos en sus países de origen. La falta de acceso a representación extranjera limita las posibilidades de defensa y aumenta la vulnerabilidad de estas personas.
Organizaciones internacionales han pedido que se respeten los derechos humanos y se garantice un debido proceso para los deportados, incluyendo el acceso a asistencia legal adecuada. También han solicitado que se promuevan mecanismos de protección y seguimiento para evitar abusos. La comunidad internacional observa con atención este caso como un indicador del respeto a los derechos de los migrantes.
El gobierno salvadoreño reafirmó su compromiso con la legalidad y la soberanía nacional, pero enfrenta críticas por la falta de transparencia y cooperación. Este episodio subraya la necesidad de fortalecer los marcos legales y diplomáticos para proteger a las personas en situación de deportación.
Fuente: Deutsche Welle
