La justicia costarricense emitió una resolución que ordena a las autoridades migratorias liberar a los migrantes provenientes de Asia y África que fueron deportados a Costa Rica durante la administración de Donald Trump y que permanecen recluidos en un centro de detención. La Corte Suprema de Justicia otorgó un plazo de 15 días para que se defina el estatus migratorio de estas personas y se garantice su libertad, en respuesta a un recurso de amparo presentado en defensa de los migrantes. Esta decisión se produce justo antes de la visita de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos a Costa Rica.
Los migrantes, incluidos alrededor de 80 menores de edad, fueron trasladados en febrero a un refugio ubicado a 360 kilómetros al sur de San José, en la frontera con Panamá, bajo un acuerdo bilateral que ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos por las condiciones y la falta de garantías. En abril, el gobierno costarricense permitió que algunos migrantes se movieran libremente fuera del centro, pero aún permanecen 28 personas bajo custodia oficial.
La resolución judicial también instruye a las autoridades a determinar el tipo de asistencia social, educativa y de vivienda que requieren los migrantes, enfatizando la necesidad de proteger sus derechos humanos y garantizar condiciones dignas. La medida podría sentar un precedente para prevenir futuros acuerdos similares que impliquen la deportación a terceros países sin garantías adecuadas.
Este caso ha generado un debate sobre la política migratoria regional y la responsabilidad de los países en la protección de personas desplazadas y refugiadas. Costa Rica, tradicionalmente reconocida por su apertura y respeto a los derechos humanos, enfrenta ahora la complejidad de gestionar flujos migratorios en un contexto político y diplomático delicado.
La atención internacional se mantiene sobre este proceso, que refleja los desafíos globales en materia de migración, derechos humanos y cooperación entre naciones.
Fuente: Deutsche Welle
