David Jacho, exjuez de la Corte Nacional de Justicia, será procesado penalmente por el presunto acoso sexual a su exsecretaria, según confirmó la Fiscalía este jueves 13 de noviembre. La institución solicitó fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos, en la que se expondrán los detalles del caso. El delito de acoso sexual, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), contempla penas de uno a tres años de prisión. Este proceso se inicia tras la destitución de Jacho por parte del Consejo de la Judicatura el pasado 7 de noviembre. La denuncia se conoció en julio de 2025, cuando la víctima presentó un documento explicando que su renuncia se debía a la situación de acoso sufrida.
El Consejo de la Judicatura, en sesión plenaria, resolvió por unanimidad la destitución del magistrado, luego de analizar las pruebas y testimonios presentados. Durante la investigación disciplinaria, Jacho fue suspendido por tres meses sin sueldo, medida que buscaba garantizar la imparcialidad del proceso. Sin embargo, el exjuez retomó sus funciones a finales de octubre, antes de que se emitiera la decisión definitiva. La Judicatura también remitió el expediente a la Fiscalía para que se inicien las diligencias penales correspondientes. Este caso ha generado gran repercusión en el sistema judicial, evidenciando la necesidad de fortalecer los mecanismos contra la violencia de género.
La denuncia original describe episodios de hostigamiento y conductas inapropiadas por parte del entonces juez hacia su asistente. Según el relato de la víctima, la situación se volvió insostenible, obligándola a presentar su renuncia. Aunque en un inicio se mencionó que la afectada había desistido de la denuncia, el proceso disciplinario continuó y derivó en la destitución del funcionario. Organizaciones feministas y colectivos de derechos humanos han seguido de cerca el caso, exigiendo sanciones ejemplares y garantías para la víctima. Este hecho se suma a otros casos que han puesto en entredicho la conducta de operadores de justicia en el país.
La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar el caso con transparencia y celeridad, en cumplimiento de los protocolos para delitos sexuales. Expertos en derecho penal señalan que este proceso será clave para sentar precedentes sobre la responsabilidad de altos funcionarios en casos de acoso. Además, advierten que la impunidad en este tipo de delitos afecta la confianza ciudadana en el sistema judicial. El caso Jacho se convierte así en un punto de inflexión para evaluar la eficacia de los mecanismos internos de control y sanción. La expectativa está puesta en la audiencia de formulación de cargos, que definirá el rumbo del proceso.
Este escándalo ha reavivado el debate sobre la ética y la transparencia en la administración de justicia. La Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura han emitido comunicados rechazando cualquier forma de violencia y reiterando su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres. Sin embargo, la ciudadanía exige reformas más profundas que garanticen entornos laborales seguros y libres de acoso. El desenlace del caso Jacho será observado con atención por la opinión pública y la comunidad jurídica. Por ahora, el exjuez enfrenta un futuro incierto, marcado por la pérdida de su cargo y la posibilidad de una condena penal.
