El Gobierno ecuatoriano anunció la implementación de un nuevo sistema de seguridad para proteger a comerciantes frente a la creciente ola de extorsiones. La iniciativa contempla la instalación de 1.000 cámaras de videovigilancia en zonas comerciales consideradas vulnerables, todas conectadas directamente al centro de monitoreo del ECU 911. El proyecto, liderado por el Ministerio del Interior, busca reducir los tiempos de respuesta ante emergencias y garantizar una reacción inmediata de la Policía Nacional. Las primeras cámaras ya fueron colocadas en locales de la Bahía, en el centro de Guayaquil, uno de los sectores más afectados por la delincuencia. El lanzamiento oficial se realizó en las instalaciones del ECU 911 en Samborondón, con la presencia del ministro del Interior, John Reimberg.
El sistema incluye un botón de pánico instalado junto a cada cámara, que permitirá a los comerciantes activar una alerta en caso de amenaza o intento de asalto. Al presionar el botón, se enviará imagen y audio en tiempo real al ECU 911, evitando la pérdida de tiempo en llamadas telefónicas y proporcionando evidencia inmediata del hecho. “Genera la alerta, imagen y audio de lo que está ocurriendo. De esta forma, el ECU 911 coordina con la Policía Nacional para enviar las unidades necesarias”, explicó Reimberg. Esta tecnología promete mejorar la efectividad en la atención de emergencias y disminuir la impunidad en delitos como el “vacunazo”, práctica que ha golpeado duramente al comercio en el país.
El plan contempla que las cámaras se instalen de manera gratuita en farmacias, despensas, restaurantes y otros negocios ubicados en sectores críticos. Según el Ministerio del Interior, la selección de los puntos se realizó en coordinación con gremios comerciales y autoridades locales. El objetivo es cubrir las áreas con mayor incidencia de extorsiones y robos, que se han incrementado en ciudades como Guayaquil, Durán y Esmeraldas. Esta medida se suma a otras acciones del Gobierno, como el despliegue de fuerzas militares y policiales en zonas de alto riesgo. Sin embargo, expertos advierten que la tecnología debe complementarse con estrategias integrales para garantizar resultados sostenibles.
El ECU 911, que ya opera con más de 5.400 cámaras en todo el país, será el encargado de monitorear las nuevas unidades y coordinar la respuesta ante alertas. Además, se trabaja en la interoperabilidad con sistemas privados y municipales, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 214, que amplió las competencias del servicio integrado de seguridad. Este decreto permite enlazar cámaras privadas que apunten a espacios públicos, fortaleciendo la red nacional de vigilancia. La modernización del ECU 911 también incluye el uso de analítica de datos y reconocimiento facial, herramientas que buscan anticipar delitos y mejorar la investigación criminal.
La instalación de cámaras con alerta directa representa un avance significativo en la lucha contra la delincuencia organizada, que ha encontrado en la extorsión una de sus principales fuentes de ingresos. El Gobierno espera que esta medida devuelva la tranquilidad a los comerciantes y reactive la economía en sectores golpeados por la inseguridad. No obstante, la efectividad del sistema dependerá de la capacidad de respuesta de las fuerzas del orden y del compromiso ciudadano para denunciar los delitos. Por ahora, la iniciativa ha sido bien recibida por los gremios comerciales, que ven en la tecnología una herramienta clave para enfrentar la crisis de seguridad que vive el país.
