Este martes 27 de mayo, el Pleno de la Asamblea Nacional analizará la solicitud de la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, para autorizar el enjuiciamiento penal de la exasambleísta y expresidenta encargada del Legislativo, Esther Cuesta, en el marco del denominado “Caso Ligados”.
La Fiscalía General del Estado busca vincular a Cuesta por presunta asociación ilícita, junto a Andrés Arauz y Raúl González, en una supuesta trama para impedir la posesión de Roberto Romero como Superintendente de Bancos, favoreciendo en su lugar a González, cercano al movimiento Revolución Ciudadana.
Chats filtrados entre Arauz y Augusto Verduga, exconsejero del CPCCS, mencionan a Cuesta, entonces presidenta encargada de la Asamblea, como parte de la estrategia para bloquear la designación de Romero.
Para levantar la inmunidad parlamentaria de Cuesta y permitir su procesamiento penal, se requieren al menos 101 votos afirmativos en la Asamblea. Revolución Ciudadana cuenta con 66 escaños, por lo que necesitaría apoyo adicional para impedir la autorización.
Si el Legislativo no responde en un plazo de 30 días, se entenderá que la autorización ha sido concedida automáticamente, conforme a la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal.