Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos han solicitado a la Asamblea Nacional archivar el proyecto de Ley de Inteligencia, impulsado por el Ejecutivo. Según los colectivos, la normativa representa una amenaza a los derechos fundamentales, particularmente a la libertad de expresión, privacidad y protesta social.
El proyecto propone establecer un marco legal para el funcionamiento del Sistema Nacional de Inteligencia, otorgando mayores facultades a entidades del Estado para el acceso a información privada y la vigilancia de ciudadanos, bajo el argumento de fortalecer la seguridad nacional.
Sin embargo, las organizaciones advierten que:
- El texto no establece controles civiles suficientes ni mecanismos de rendición de cuentas.
- Podría legitimar el espionaje político y la criminalización de la disidencia.
- Falta claridad sobre los límites y la supervisión judicial de las actividades de inteligencia.
Colectivos como la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, entre otros, han exigido a los legisladores que escuchen las preocupaciones ciudadanas y prioricen un debate amplio y participativo.
El proyecto fue presentado con carácter económico urgente, lo que ha generado críticas adicionales por acelerar el trámite sin el debido debate público.
Fuente: Ecuavisa
