A más de 300 años de su hundimiento en las aguas del mar Caribe, el galeón español San José vuelve a protagonizar un capítulo de alto interés internacional. Con más de 200 toneladas de oro, plata y esmeraldas en su interior, el hallazgo de esta embarcación —confirmado por el gobierno colombiano en 2015— ha abierto una compleja disputa legal y diplomática entre Colombia, España, Estados Unidos y Bolivia, todos con intereses o reclamos sobre uno de los mayores tesoros sumergidos de la historia.
Un tesoro de proporciones históricas
El San José naufragó el 8 de junio de 1708 frente a las costas de Cartagena durante un enfrentamiento con la armada británica, en el marco de la Guerra de Sucesión Española. Partía rumbo a España con un cargamento procedente del Virreinato del Perú, destinado a financiar la corona española. Según estimaciones oficiales, el valor actual de los bienes podría alcanzar los US$20.000 millones.
Las imágenes del naufragio, captadas por vehículos submarinos no tripulados a unos 600 metros de profundidad, muestran cañones de bronce, vasijas intactas y una gran cantidad de monedas de oro, en excelente estado de conservación.
Reclamos cruzados: soberanía, descubrimiento y legado
Colombia, país que lidera la exploración y custodia del sitio, ha reafirmado su soberanía sobre el hallazgo, al encontrarse dentro de su plataforma continental. El presidente Gustavo Petro ha solicitado acelerar la recuperación del galeón antes del fin de su mandato, impulsando una alianza público-privada para financiar la extracción bajo supervisión estatal.
Sin embargo, el caso se ha judicializado. La empresa estadounidense Sea Search Armada, que asegura haber descubierto el galeón en los años ochenta, presentó una demanda ante el Tribunal Permanente de Arbitraje en La Haya, reclamando una parte del tesoro bajo la figura de “compensación por descubrimiento”.
A su vez, España defiende que el San José, como buque de guerra hundido, goza de inmunidad soberana conforme al derecho internacional, y que su contenido forma parte del patrimonio cultural español.
Bolivia, por su parte, ha respaldado las demandas de comunidades indígenas que alegan que las riquezas extraídas provinieron de trabajos forzados en las minas coloniales del Alto Perú. Alegan que parte del tesoro les pertenece como compensación histórica.
Desafíos legales y arqueológicos
El conflicto combina aspectos legales, éticos y técnicos. El gobierno colombiano ha enfatizado su compromiso con la protección patrimonial y con una recuperación “respetuosa del contexto histórico y arqueológico”. Expertos han advertido que el levantamiento del pecio debe hacerse con rigurosidad científica, evitando que el hallazgo sea reducido a una operación de extracción de oro sin perspectiva patrimonial.
El fallo de La Haya se espera en los próximos meses, pero se centrará únicamente en si Colombia debe pagar o no una compensación económica a Sea Search Armada. La cuestión de fondo —la propiedad del tesoro— sigue siendo un punto de tensión internacional.
Fuente: El Universo
