Durante una sesión de la mesa de seguridad convocada este viernes en Quito, el ministro del Interior, John Reimberg, exigió cambios urgentes al sistema de arrestos domiciliarios, calificando su uso actual como “ridículo” y demandando que se ponga fin a esa práctica .
La cita reunió a las máximas autoridades del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura con el propósito de coordinar acciones contra la delincuencia. El ministro Reimberg advirtió sobre la llamada “puerta giratoria”, que permite que los delincuentes salgan y entren sin consecuencias reales.
Reimberg criticó que 275 personas cumplen arresto domiciliario, lo cual desvía una gran cantidad de efectivos policiales: aproximadamente 1,304 agentes a escala nacional y más de 600 en Quito y Guayaquil, que deberían estar dedicados a la prevención del crimen. Este desvío resta capacidad operativa para combatir el crimen en las calles.
También señaló que la medida representa un riesgo para la seguridad de los custodios, ya que algunos procesados enfrentan cargos graves como narcotráfico, asesinatos o violaciones.
En respuesta, la mesa técnica propuso al sistema judicial solicitar dos informes adicionales a futuro:
- Evaluación de riesgo: para identificar la peligrosidad del individuo bajo arresto domiciliario.
- Análisis de capacidad operativa: para determinar si hay policías disponibles y condiciones adecuadas para la custodia.
El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, apoyó la iniciativa e identificó cinco ejes prioritarios:
- Alertas preventivas
- Seguimiento de causas
- Control disciplinario
- Capacitación a autoridades judiciales y policiales
- Análisis riguroso del arresto domiciliario.
El juez Byron Guillén, de la Corte Nacional de Justicia, añadió que el uso de esta figura debe considerar no solo los derechos del procesado, sino también la seguridad y dignidad de los oficiales encargados.
El Ministerio del Interior y la Policía exigen una reforma inmediata al reglamento de arrestos domiciliarios con el fin de proteger recursos, salvaguardar al personal policial y asegurar que quienes son aprehendidos cumplan realmente sus procesos en prisión, priorizando la seguridad ciudadana.
Fuente: El Universo
