El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, descartó la reapertura próxima de la mina de cobre a cielo abierto clausurada en 2023 tras una decisión de la Corte Suprema panameña que declaró inconstitucional el contrato de concesión. La mina, operada por una empresa canadiense, fue cerrada después de masivas protestas antimineras que paralizaron parcialmente el país durante semanas. Mulino afirmó que la decisión sobre la mina se tomará en función del interés nacional y no de intereses económicos externos.
La mina producía alrededor de 300,000 toneladas anuales de concentrado de cobre, representando el 75% de las exportaciones panameñas y el 5% del PIB nacional. Además, generaba empleo directo e indirecto para unos 37,000 trabajadores. La clausura ha tenido un impacto económico significativo, con una desaceleración del crecimiento y aumento del desempleo, que actualmente alcanza el 9.5%, con la mitad de los empleos en la informalidad.
Extrabajadores y sindicatos han pedido la reapertura para reactivar la economía y generar empleo, pero el gobierno mantiene una moratoria minera vigente. Las protestas recientes reflejan la preocupación social por la contaminación ambiental y el manejo de los recursos naturales. Mulino insistió en que cualquier decisión futura debe considerar la soberanía y los derechos del Estado sobre sus recursos.
El debate sobre la minería en Panamá continúa siendo un tema sensible, con implicaciones políticas, económicas y ambientales. El gobierno busca un equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad, mientras la sociedad civil exige mayor participación y transparencia.
Fuente: Deutsche Welle (DW)
