El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y el ministro del Interior, John Reimberg, fueron convocados por la Asamblea Nacional para explicar los atentados con coches bomba ocurridos en octubre. La comparecencia está prevista para el martes 21 de octubre ante la Comisión de Seguridad y la Comisión de Garantías Constitucionales. Los legisladores buscan esclarecer los hechos del 14 y 15 de octubre, que dejaron heridos, daños materiales y una creciente sensación de inseguridad en la ciudad. La bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) lidera el proceso de fiscalización. El correísmo también exige respuestas sobre la liberación del único sospechoso del atentado en la Bahía, ocurrido en junio.
Durante los atentados, se registraron explosiones en los exteriores de un centro comercial y en zonas residenciales, generando alarma entre los ciudadanos. El ministro Reimberg ha señalado al grupo criminal Los Lobos como presunto responsable, en represalia por operativos contra la minería ilegal en Imbabura. También se investiga la posible conexión con disidencias colombianas. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han intensificado patrullajes en Guayaquil, mientras se refuerzan los protocolos de seguridad. La ciudadanía exige medidas concretas y transparencia institucional.
La comparecencia de Álvarez y Reimberg será clave para determinar responsabilidades políticas y operativas. Se espera que presenten informes sobre las acciones tomadas antes, durante y después de los atentados. También deberán responder por la liberación del sospechoso, que ha generado críticas sobre el sistema judicial y la coordinación interinstitucional. La Asamblea podría recomendar sanciones o reformas legales tras la sesión. El caso ha reavivado el debate sobre el estado de excepción y la declaratoria de conflicto armado interno.
Guayaquil ha sido epicentro de múltiples ataques violentos en los últimos años, lo que ha llevado al Gobierno a implementar operativos como Centinela VI. La presencia de bandas criminales como Los Choneros y Los Lobos ha puesto en jaque la seguridad urbana. La ciudadanía vive entre el miedo y la esperanza de una respuesta firme por parte del Estado. La sesión legislativa será transmitida en vivo y seguida de cerca por medios nacionales. El país espera que esta rendición de cuentas marque un punto de inflexión.
Este proceso de fiscalización no solo busca esclarecer hechos, sino también recuperar la confianza ciudadana. La Asamblea tiene la oportunidad de exigir responsabilidades y promover cambios estructurales. Mientras tanto, Guayaquil sigue en alerta, y los ojos del país están puestos en lo que ocurra este 21 de octubre. ¿Será este el inicio de una nueva estrategia de seguridad?
Fuente: Diario El Universo
