El destino del Instituto de la Democracia (IDD), organismo adscrito al Consejo Nacional Electoral (CNE), está en juego con la segunda pregunta del referéndum convocado por el Gobierno para este 16 de noviembre de 2025. La propuesta busca eliminar la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General a los partidos y movimientos políticos, lo que implicaría la desaparición del fondo partidario permanente. Este fondo financia no solo a las organizaciones políticas, sino también al IDD, que recibe el 15 % de esos recursos para cumplir su misión de capacitación, investigación y promoción de la democracia. De aprobarse la reforma parcial al artículo 110 de la Constitución, el instituto perdería su presupuesto y quedaría sin posibilidad de operar. Actualmente, el IDD maneja alrededor de $662.000 anuales, destinados a remuneraciones, movilización de capacitadores y materiales educativos.
El IDD fue creado en 2011 con el objetivo de fortalecer la cultura democrática en Ecuador mediante programas académicos y pedagógicos dirigidos a partidos, gobiernos locales, universidades y ciudadanía. Su trabajo incluye talleres sobre participación política, derechos electorales y transparencia, considerados esenciales para garantizar procesos inclusivos. Sin embargo, la eliminación del financiamiento estatal plantea un escenario crítico para su continuidad. Expertos advierten que cerrar el instituto significaría retroceder en la formación democrática y dejar sin apoyo técnico a cientos de actores políticos. La pregunta del referéndum ha generado un intenso debate sobre la equidad en la competencia electoral y el rol del Estado en la vida partidaria.
La Asamblea Nacional aprobó en agosto la reforma parcial que elimina el fondo partidario y el fondo de promoción electoral, con 81 votos a favor, y remitió la propuesta a la Corte Constitucional para su validación. Según los defensores del “sí”, esta medida busca reducir el gasto público y evitar el uso indebido de recursos estatales en campañas políticas. Argumentan que los partidos deben financiarse con aportes privados y mecanismos transparentes. Por otro lado, quienes impulsan el “no” sostienen que la eliminación del financiamiento estatal beneficiará solo a organizaciones con grandes capitales, afectando la igualdad de condiciones en la participación política. Desde 2008, el Estado ha destinado $81 millones al fondo partidario, cifra que ha sido cuestionada por sectores que exigen austeridad.
El CNE, a través de su presidenta Diana Atamaint, ha pedido a la Asamblea y al Ejecutivo considerar la supervivencia del Instituto de la Democracia en este proceso. “No podemos dejar sin herramientas de formación a quienes participan en la vida política”, advirtió Atamaint en una comparecencia ante la comisión ocasional de reformas constitucionales. La autoridad electoral insiste en que el IDD cumple una función estratégica para garantizar elecciones transparentes y fortalecer la institucionalidad democrática. Sin embargo, la decisión final quedará en manos de los ciudadanos en las urnas. El referéndum se perfila como uno de los más trascendentales de los últimos años, no solo por su impacto en los partidos, sino también en la estructura del sistema electoral.
La incertidumbre sobre el futuro del IDD refleja un dilema mayor: ¿debe el Estado financiar la política para garantizar igualdad o debe dejar que los partidos se sostengan con recursos propios? Mientras unos ven en la reforma una oportunidad para reducir privilegios y corrupción, otros alertan sobre el riesgo de privatizar la democracia. El resultado del referéndum definirá si Ecuador mantiene un modelo de financiamiento público o transita hacia uno completamente privado. Por ahora, el debate continúa en redes sociales y medios, con posiciones encontradas que anticipan una jornada electoral decisiva. El país se prepara para responder una pregunta que podría cambiar la forma en que se concibe la política en los próximos años.
